El Ministerio de Salud y Protección Social ordenó el inicio de un proceso administrativo para exigir el reintegro de $35.736 millones a la ESE Municipal Manuel Castro Tovar, recursos destinados a la construcción de un hospital de primer nivel en Pitalito.

La decisión se basa en hallazgos que apuntan a una posible apropiación indebida de dineros públicos, generando serias dudas sobre la ejecución del proyecto y el manejo de los recursos.

El hospital, aprobado en 2023 como una obra clave para fortalecer la atención en salud en el sur del país, hoy está bajo revisión. El proceso, que avanzó rápidamente desde su aprobación hasta la asignación de recursos, ahora es objeto de cuestionamientos.

A esto se suma una investigación periodística de La Silla Vacía, que advierte sobre presuntas irregularidades en la contratación, incluyendo posibles vínculos familiares y direccionamiento del contrato. Entre los nombres mencionados está el magistrado Vladimir Fernández, quien, al igual que otros señalados, ha negado cualquier participación indebida.

Según los reportes:

* El contrato habría sido adjudicado a una empresa con antecedentes de sanciones

* Se habría reducido la competencia en el proceso

* Se aprobaron garantías presuntamente irregulares

* Se giró un anticipo superior a $13 mil millones en tiempo récord.

Pese al millonario desembolso, los avances del hospital son mínimos y existen dudas sobre si el presupuesto alcanzaría para su funcionamiento total.

El caso podría escalar a la Contraloría y la Procuraduría, e incluso derivar en investigaciones penales si se confirman las irregularidades.

Por ahora, la ESE deberá presentar su defensa, mientras el futuro del hospital queda en el aire, afectando a miles de ciudadanos que esperaban esta obra.

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