El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva ordenó al municipio de Pitalito e Intrapitalito presentar, en un plazo de cinco días, un informe sobre sus acciones para recuperar el espacio público en sectores residenciales.

El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva ha solicitado al municipio de Pitalito y a Intrapitalito que, en un plazo de cinco días, informen sobre las gestiones realizadas y su efectividad en el cumplimiento de una sentencia relacionada con la recuperación del espacio público.

El nuevo pronunciamiento, fechado el 10 de marzo de 2025, se enmarca en una acción popular que señala la ocupación indebida del espacio público en barrios residenciales como La Trinidad, Valvanera y Quinche.

En una audiencia de verificación de cumplimiento realizada el 20 de junio de 2024, el despacho judicial ordenó a la administración municipal presentar un plan claro para la recuperación del espacio público en diversas calles y carreras del municipio. También exigió la entrega del acta del comité de verificación, en la cual debían analizarse las conclusiones de la reunión del 29 de mayo de 2024 y las medidas a adoptar.

En respuesta, el municipio de Pitalito e Intrapitalito remitieron documentos que incluyen actas de reuniones con asociaciones de mecánicos y líderes comunitarios, informes sobre la instalación de vallas para la recuperación del espacio público y registros de operativos efectuados entre junio y diciembre de 2024, que dejaron un saldo de 130 comparendos a conductores que estacionaban en lugares prohibidos.

Sin embargo, la parte accionante, representada por Martha Cecilia Rojas De Ortiz, sostiene que la ocupación del espacio público persiste, a pesar de los compromisos adquiridos en distintas mesas de trabajo. Ante esta situación, ha solicitado el inicio de un incidente de desacato por el incumplimiento de la sentencia.

El Juzgado ha puesto en conocimiento de las partes los documentos allegados para que puedan ser controvertidos. Mientras tanto, la comunidad de los barrios afectados sigue a la espera de medidas concretas que garanticen la recuperación del espacio público y el cumplimiento de las órdenes judiciales.