La decisión permite reactivar el proceso sancionatorio por presuntos incumplimientos en la obra del anillo turístico del sur del departamento.

 

 

El alto tribunal determinó que la presentación de una demanda no limita automáticamente la capacidad de actuación de una entidad pública. En este caso, la Gobernación no había sido notificada formalmente cuando expidió uno de los actos cuestionados, por lo que mantenía plena competencia para continuar con el proceso administrativo.

 

 

Desde el gobierno departamental, la asesora jurídica Yulieth Cristina Cortes Fierro destacó que el fallo respalda la defensa del interés público y evita que los contratistas frenen procesos mediante acciones judiciales. La decisión es vista como un precedente clave para garantizar el control y cumplimiento en la ejecución de obras públicas en el Huila.

 

 

 

 

 

 

 

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